Ciudad de México. — Integrantes del contingente mexicano que participó en la flotilla humanitaria Global Sumud, con destino a la Franja de Gaza, denunciaron este lunes una grave omisión por parte del Gobierno de México: la falta de atención médica, psicológica y asistencia legal tras haber sufrido presuntos actos de tortura y vejaciones a manos de fuerzas militares israelíes.
Denuncia por tortura y tratos crueles
Durante una conferencia de prensa, los activistas relataron haber sido víctimas de una intercepción ilegal en aguas internacionales, seguida de tratos "crueles, degradantes e inhumanos". Entre los afectados se encuentran la académica y periodista Violeta Núñez, las activistas Sol González Eguía y Paulina del Castillo Poblano, así como Al Muatasem Flores, quien presenta fracturas en brazo y hombro derivadas de la violencia ejercida durante su detención.
David Peña, representante legal del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, calificó como "grave" el silencio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el abogado, el Estado mexicano se limitó a gestionar la salida de los ciudadanos sin brindarles acompañamiento posterior ni ofrecer protocolos de reparación para las secuelas físicas y psicológicas reportadas.
Ruta jurídica internacional
Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, el equipo legal anunció que llevarán el caso ante instancias internacionales para buscar justicia:
- Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU: Se presentará una denuncia formal para analizar las actuaciones del Estado de Israel.
- Corte Penal Internacional (CPI): Se analiza la adhesión a una solicitud de investigación previa por crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, secuestro y detención arbitraria contra los más de 400 integrantes de la flotilla.
" "Estamos reuniendo la documentación pericial, médica y psicológica para probar los actos de tortura, incluyendo la tortura por posición a la que fueron obligados", afirmó Peña, quien enfatizó que la ausencia de un mecanismo de protección consular es, a su juicio, una falla mayor del Estado mexicano.
Exigencia de ruptura diplomática
La postura de los activistas es contundente: exigen que el Gobierno de México rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel como medida de protesta ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la agresión directa contra sus connacionales.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de tortura ni sobre las medidas que tomará para garantizar la integridad y justicia de los mexicanos afectados tras su retorno al país.